Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron el jueves 27 de agosto de 2026 con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde recibieron información sobre avances en distintas líneas de investigación, principalmente relacionadas con la telefonía celular de los estudiantes.
El encuentro ocurrió a un mes de que se cumplan 12 años de la desaparición de los jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Tras la reunión, el abogado de las familias, Isidoro Vicario, reconoció que hubo información nueva, aunque advirtió que todavía no se conoce el paradero de los normalistas.
Información bajo reserva
Los detalles de las investigaciones permanecen bajo reserva debido al sigilo ministerial. Entre los temas expuestos se encuentran líneas relacionadas con los teléfonos celulares que habrían pertenecido a los estudiantes después de su desaparición.
La presidenta Claudia Sheinbaum había anticipado que durante la reunión se explicarían a las familias los avances derivados de nuevas investigaciones y de detenciones realizadas en el expediente. También señaló que el gobierno federal prepara un informe sobre el caso antes del aniversario de la desaparición.
Las exigencias de las familias
Durante el encuentro, madres y padres solicitaron que se fortalezcan las investigaciones y la acusación contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, dentro del plazo fijado para la investigación complementaria.
Además, las familias pidieron conocer el contenido del informe antes de que sea presentado públicamente. La petición busca que los representantes de los estudiantes puedan revisar directamente los avances y plantear observaciones a las autoridades.
A casi 12 años de la desaparición
La desaparición de los 43 normalistas continúa sin una explicación definitiva sobre su paradero. Por ello, el reconocimiento de avances durante la reunión no modificó la principal demanda de las familias: conocer qué ocurrió con los estudiantes y llevar ante la justicia a los responsables.
El próximo 26 de septiembre se cumplirán 12 años de los hechos ocurridos en Iguala. Antes de esa fecha, el gobierno federal prevé informar públicamente sobre el estado de las investigaciones, mientras los familiares mantienen su exigencia de resultados concretos.