La diputada Alejandra Chedraui Peralta, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso reformar el Código Penal Federal para imponer de tres a seis años de prisión y multas de 300 a 600 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien abandone a una persona adulta mayor.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, plantea elevar las sanciones cuando la víctima tenga una discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, padezca una enfermedad crónica, dependa de cuidados o tenga movilidad reducida.
Aumentarían las penas según las consecuencias
El proyecto contempla que las penas aumenten hasta en una mitad cuando el abandono ocurra en hospitales, centros de atención médica, instituciones de asistencia social, establecimientos de cuidado, vías públicas o cualquier otro sitio que comprometa gravemente la seguridad de la persona adulta mayor.
La agravante también aplicaría cuando el responsable sea ascendiente, descendiente, cónyuge, concubina o concubinario, tutor o la persona encargada de hecho del cuidado, así como cuando la conducta tenga como finalidad evadir obligaciones alimentarias, asistenciales o de cuidado.
Si el abandono provoca lesiones que pongan en peligro la vida, causen una afectación permanente a la salud o agraven de manera significativa una enfermedad preexistente, la propuesta establece de seis a diez años de prisión y multas de 600 a mil veces el valor diario de la UMA.
En caso de que la víctima muera como consecuencia del abandono, la sanción planteada sería de diez a quince años de prisión y una multa de mil a mil 500 veces el valor diario de la UMA.
La propuesta busca tipificar expresamente el abandono
La iniciativa busca incorporar disposiciones específicas para proteger a las personas adultas mayores que se encuentren en situación de desamparo y establecer consecuencias penales diferenciadas según el nivel de riesgo o daño ocasionado.
De acuerdo con la exposición de motivos citada en la propuesta, alrededor de 2.7 millones de personas adultas mayores enfrentan condiciones de desamparo, abandono o indiferencia familiar y social. El planteamiento sostiene que esta situación puede afectar su integridad, salud, autonomía y seguridad.
La propuesta deberá ser analizada y dictaminada por la Comisión de Justicia antes de avanzar al pleno de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el proyecto no constituye una reforma vigente, sino una iniciativa sujeta al proceso legislativo correspondiente.