La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una “lamentable represión” la actuación policial registrada durante la marcha del domingo 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco, convocada para exigir soluciones al problema del agua contaminada en la zona metropolitana. El gobernador Pablo Lemus reconoció que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas, por lo que ordenó una investigación interna.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que, si las personas afectadas presentan una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, la autoridad federal podría intervenir contra los elementos que hayan participado en los hechos. También adelantó que se reuniría con el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, para analizar una propuesta técnica y financiera sobre la contaminación del agua en Guadalajara.
Lemus reconoce abusos durante el operativo
El gobernador Pablo Lemus difundió un mensaje en el que reconoció “graves errores” y deficiencias durante el operativo frente a Casa Jalisco. Señaló que el despliegue se salió de control en el momento más crítico y admitió que algunos policías incurrieron en excesos.
Lemus sostuvo que nunca debieron utilizarse agua ni gas contra los manifestantes. Además, indicó que algunos elementos ya fueron identificados y que la investigación será acompañada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para determinar responsabilidades y posibles sanciones.
El mandatario también afirmó que deberá garantizarse la reparación del daño y la no repetición de hechos similares. En relación con la crisis del agua, defendió la propuesta para construir un nuevo acueducto desde Chapala y aseguró que el proyecto no implicaría privatizar el servicio, contratar deuda ni aumentar las tarifas.
Liberan a los últimos siete detenidos
Las siete personas que permanecían detenidas tras la protesta fueron liberadas después de ser presentadas ante juzgados estatales del complejo penitenciario de Puente Grande. La Fiscalía de Jalisco informó que una persona enfrentaba una imputación por resistencia de particulares y seis más por lesiones dolosas agravadas contra funcionarios de seguridad pública.
En las audiencias, un juez determinó no vincular a proceso a la persona acusada de resistencia. Dos de los imputados por lesiones fueron vinculados a proceso, pero continuarán en libertad con la obligación de presentarse a firmar cada 15 días. Para los otros cuatro casos se solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que quedaron en libertad con medidas cautelares mientras se reanuda la audiencia.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo señaló que la liberación de las personas detenidas no concluye el proceso. De acuerdo con la organización, 32 personas continúan bajo investigación, dos están vinculadas a proceso y la situación jurídica de otras cuatro aún debe definirse.
La controversia se originó por la movilización realizada el 11 de octubre desde la glorieta de La Minerva hasta Casa Jalisco, donde habitantes exigieron agua limpia y denunciaron problemas de calidad en el suministro. La respuesta policial y las detenciones provocaron cuestionamientos de organizaciones civiles, legisladores y autoridades federales.