La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detalló el 28 de agosto de 2026 un esquema de desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionado con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y empresas vinculadas con la familia Weinberg.
De acuerdo con la información presentada por la UIF, entre 2008 y 2018 se celebraron contratos por más de 403 millones de dólares entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y empresas relacionadas, entre ellas Nunvav. La operación habría involucrado la presunta simulación de servicios, la participación coordinada de servidores públicos y particulares y el uso de empresas fachada.
Contratos y empresas vinculadas
El esquema general identificado por las autoridades incluye alrededor de 30 contratos gubernamentales relacionados con servicios de seguridad y tecnología. En el conjunto de operaciones atribuidas al entramado empresarial se mencionan montos cercanos a 728 millones de dólares y 528 millones de pesos.
La UIF señaló que las empresas vinculadas habrían obtenido contratos con sobreprecios y que posteriormente se realizaron movimientos financieros hacia distintas jurisdicciones. Nunvav aparece como una de las compañías centrales en el análisis de los flujos de dinero.
Entre 2015 y 2017, según la información expuesta, García Luna habría fondeado el conglomerado empresarial con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares. La familia Weinberg fue identificada como parte de la estructura corporativa relacionada con esas compañías.
Investigaciones y acciones legales
El análisis financiero derivó en una denuncia penal presentada por la UIF ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019. Posteriormente, el Gobierno de México promovió una demanda civil en Florida para recuperar activos presuntamente relacionados con el esquema.
En mayo de 2026, un tribunal de Florida resolvió que integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas debían pagar 578.5 millones de dólares al Estado mexicano por concepto de reparación del daño patrimonial. La resolución se sumó a sentencias previas contra García Luna y su esposa.
Con esos fallos, el monto determinado en procedimientos civiles en Estados Unidos vinculados con el caso supera los 3 mil millones de dólares. La recuperación de los recursos depende de la entrega, liquidación y aplicación de activos identificados en distintas jurisdicciones.
La UIF mantiene el seguimiento financiero y jurídico del caso, mientras las autoridades continúan con las acciones para identificar el destino de los recursos y hacer efectiva la reparación ordenada por los tribunales.